El lunes 11 de Enero del 2010 se cerraba el plazo de la investigación respecto del caso Choque, de acuerdo a los nueve meses solicitados por los fiscales, denominado por ellos Emboscada al Fiscal Elgueta. Hechos ocurridos en Octubre del año 2008 por lo que han tenido un total de 15 meses para investigar, la mayoría del tiempo en secreto.
Si bien no nos sorprende, pues ya lo habíamos anunciado en un análisis anterior (La Cruzada de Cruz), resulta trágicamente irrisoria esta nueva solicitud para aumentar el plazo para investigar sobre todo si al abrir el expediente de la investigación nos encontramos con antecedentes absolutamente irrelevantes y testigos protegidos sin ninguna importancia o solidez, los cuales ya han sido cuestionados por el propio Juez de Garantía de Cañete, durante la ultima formalización al peñi Víctor LLanquileo Pilquiman, quien tampoco fue procesado por la Justicia Militar.
La idea del Ministerio Publico de aumentar el plazo de la investigación o realizar una nueva formalización, lo cual resulta contradictorio, confirma que estos no tienen ni los antecedentes, ni las pruebas, ni los testigos, ni menos una ilación coherente de los hechos para sustentar una tesis seria que les permita condenar a los presos políticos mapuche del conflicto de Choque.
Por otro lado, reformalizar significa levantar nuevos cargos frente a nuevos hechos, pero en este caso se reformalizara sobre un mismo hecho, lo que constituye un acto inconstitucional por decir lo menos.
De hecho, ya es inconstitucional que de un mismo hecho se desprendan cuatro delitos:
1. Atentado a Fiscal del Ministerio Publico 2. Homicidio Frustrado a Policía de Investigaciones 3. Atentado contra la autoridad 4. Lesiones graves y menos graves a Carabineros (Justicia Militar).
En este sentido, al no existir ni pruebas ni testigos a la fecha del cierre de la investigación, lo jurídicamente correcto es la absolución de los cargos y la libertad inmediata de todos los presos políticos mapuche.
Sin embargo, como no es esa su intención, el Ministerio Publico al no poder probar “la emboscada al fiscal Elgueta”, ha tenido que construir una especie de collage, cortando y pegando; reuniendo causas y comuneros, invocando hechos de hace años, como la quema al campamento Ranquilhue (2005), e inventando un nuevo montaje…se les desarma uno y arman otro, llamado ahora, Asociación Ilícita Terrorista, el que afecta a un total de 23 hermanos mapuche.
No obstante sabemos también que dicha persecución política se concentrará, principalmente, en nuestra organización, por lo que algunos comuneros han sido aconsejados por su defensa a aclarar, públicamente, el hecho de no ser miembros de la CAM, situación que ya ha ocurrido en juicios anteriores.
Sabemos que el sistema crea formas para reprimir, denominadas “Estado de Derecho o institucionalidad”, pero cuando estas son superadas por los acontecimientos, o no les sirven para lograr sus objetivos, simplemente las rompen para crear nuevas formas más efectivas aun transgrediendo sus propias normas y con ello las garantías de un debido proceso.
En el ámbito jurídico esto también ocurre, existen normas, como la publicidad, los tiempos, las garantías, etc. Pero si hay que pasar por sobre ellas, echarlas al bolsillo, transgredirlas y definitivamente violarlas, dichas autoridades ni se arrugan.
En conclusión tanto la ampliación del plazo de la investigación como una nueva formalización o “precisión de las formalizaciones”, como dicen ellos, constituye una abierta violación al debido proceso.
Pero el Ministerio Publico no ahorrara esfuerzos, presiones y mentiras para engañar y transformar la legítima resistencia mapuche en actos terroristas, escudándose tras la fascista Ley Antiterrorista que más bien debería llamarse la Ley Racista, como lo ha señalado un importante analista político.
Hacemos un llamado nuestro pueblo, al pueblo chileno, a los juristas y a los organismos de derechos humanos a asistir a la Audiencia de Reformalizacion para oponernos a dicha medida.
Si bien no nos sorprende, pues ya lo habíamos anunciado en un análisis anterior (La Cruzada de Cruz), resulta trágicamente irrisoria esta nueva solicitud para aumentar el plazo para investigar sobre todo si al abrir el expediente de la investigación nos encontramos con antecedentes absolutamente irrelevantes y testigos protegidos sin ninguna importancia o solidez, los cuales ya han sido cuestionados por el propio Juez de Garantía de Cañete, durante la ultima formalización al peñi Víctor LLanquileo Pilquiman, quien tampoco fue procesado por la Justicia Militar.
La idea del Ministerio Publico de aumentar el plazo de la investigación o realizar una nueva formalización, lo cual resulta contradictorio, confirma que estos no tienen ni los antecedentes, ni las pruebas, ni los testigos, ni menos una ilación coherente de los hechos para sustentar una tesis seria que les permita condenar a los presos políticos mapuche del conflicto de Choque.
Por otro lado, reformalizar significa levantar nuevos cargos frente a nuevos hechos, pero en este caso se reformalizara sobre un mismo hecho, lo que constituye un acto inconstitucional por decir lo menos.
De hecho, ya es inconstitucional que de un mismo hecho se desprendan cuatro delitos:
1. Atentado a Fiscal del Ministerio Publico 2. Homicidio Frustrado a Policía de Investigaciones 3. Atentado contra la autoridad 4. Lesiones graves y menos graves a Carabineros (Justicia Militar).
En este sentido, al no existir ni pruebas ni testigos a la fecha del cierre de la investigación, lo jurídicamente correcto es la absolución de los cargos y la libertad inmediata de todos los presos políticos mapuche.
Sin embargo, como no es esa su intención, el Ministerio Publico al no poder probar “la emboscada al fiscal Elgueta”, ha tenido que construir una especie de collage, cortando y pegando; reuniendo causas y comuneros, invocando hechos de hace años, como la quema al campamento Ranquilhue (2005), e inventando un nuevo montaje…se les desarma uno y arman otro, llamado ahora, Asociación Ilícita Terrorista, el que afecta a un total de 23 hermanos mapuche.
No obstante sabemos también que dicha persecución política se concentrará, principalmente, en nuestra organización, por lo que algunos comuneros han sido aconsejados por su defensa a aclarar, públicamente, el hecho de no ser miembros de la CAM, situación que ya ha ocurrido en juicios anteriores.
Sabemos que el sistema crea formas para reprimir, denominadas “Estado de Derecho o institucionalidad”, pero cuando estas son superadas por los acontecimientos, o no les sirven para lograr sus objetivos, simplemente las rompen para crear nuevas formas más efectivas aun transgrediendo sus propias normas y con ello las garantías de un debido proceso.
En el ámbito jurídico esto también ocurre, existen normas, como la publicidad, los tiempos, las garantías, etc. Pero si hay que pasar por sobre ellas, echarlas al bolsillo, transgredirlas y definitivamente violarlas, dichas autoridades ni se arrugan.
En conclusión tanto la ampliación del plazo de la investigación como una nueva formalización o “precisión de las formalizaciones”, como dicen ellos, constituye una abierta violación al debido proceso.
Pero el Ministerio Publico no ahorrara esfuerzos, presiones y mentiras para engañar y transformar la legítima resistencia mapuche en actos terroristas, escudándose tras la fascista Ley Antiterrorista que más bien debería llamarse la Ley Racista, como lo ha señalado un importante analista político.
Hacemos un llamado nuestro pueblo, al pueblo chileno, a los juristas y a los organismos de derechos humanos a asistir a la Audiencia de Reformalizacion para oponernos a dicha medida.
Juzgado de Garantía de Cañete
MIERCOLES 27 A LAS 12:00 HRS.
MIERCOLES 27 A LAS 12:00 HRS.
NO A LA REFORMALIZACION SI AL DEBIDO PROCESO
FIN A LA INVESTIGACION ABSOLUCION Y LIBERTAD ¡AHORA!
FIN A LA LEY RACISTA ANTIMAPUCHE LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLITICOS MAPUCHE
COMISION PRISION POLITICA CAM
